La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto la sanción más alta de su historia a siete de las principales constructoras del país. Entre ellas se encuentran Acciona Construcción, S.A, Dragados, S.A, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain, S.A y Sacyr Construcción.
Según la resolución publicada por el máximo organismo nacional de competencia, las citadas empresas se llevaban reuniendo semanalmente desde 1992 para decidir los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia en los concursos públicos.
Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se trata de prácticas con un alto impacto en la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas como la construcción del Hospital de Reus, algunos tramos de la línea del AVE Madrid – Extremadura, el Hospital de Salamanca, el Aeropuerto de Zaragoza o algunos tramos del metro de Málaga, entre muchos otros.
Las empresas se llevaban reuniendo desde 1992
¿Cuál era el ‘modus operandi’ de las constructoras?
En las reuniones semanales, las empresas decidían los concursos en los que iban a compartir una parte o la totalidad de los trabajos. Estos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas. Las empresas participantes del cártel no podían modificar los trabajos generados conjuntamente sin el conocimiento y aprobación del resto de miembros del grupo.
También, en los encuentros que mantenían, intercambiaban información comercial sensible, cómo su intención o no de presentarse a determinadas licitaciones.
Según informa la CNMC, el hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores, incumplen los deberes de secreto y de proposición única y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública.
Las empresas participantes, pusieron fin (supuestamente) al cártel o G7 (como ellos se autodenominaron) en 2017 ante sus propias dudas que los acuerdos a los que habían llegado durante tantos años podían llegar a ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
Hay que tener en cuenta que el efecto de estas prácticas en la economía española es muy grande, ya que las licitaciones afectadas se han prolongado durante más de 25 años y, en dicho periodo, las cartelistas han obtenido contratos públicos por valor total de más de 130.000.000.000 € (ciento treinta mil millones de euros).
Además de las sanciones impuestas, también se prohíbe a las empresas la futura contratación con la administración pública. Una medida que muy a menudo no se suele cumplir…
Ahora las constructoras sancionadas, pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Las sanciones impuestas son las siguientes:
- Acciona Construcción, S.A.: 29,4 millones
- Dragados, S.A.: 57,1 millones
- FCC Construcción, S.A.: 40,4 millones
- Ferrovial Construcción, S.A.: 38,5 millones
- Obrascón Huarte Lain, S.A.: 21,5 millones
- Sacyr Construcción, S.A.:16,7 millones
Albert Poch, participó analizando la noticia y como experto en derecho de la competencia en el Telediario de RTVE y en el programa ‘Els Matins’ de TV3. Os dejamos los enlaces.
